Docentes, especialistas y autoridades de la Facultad de Psicología abordaron la violencia vicaria y femicida como una de las expresiones más extremas de la violencia basada en género. El encuentro, enmarcado en una tragedia social reciente y realizado como actividad preparatoria del III Congreso Internacional de Psicología, propuso pensar los impactos de esta forma de violencia en la filiación y las infancias, y la urgencia de construir respuestas institucionales y colectivas que rompan con el silencio y la impunidad.
El conversatorio fue organizado por el Comité de Equidad y Género de la Facultad de Psicología y se realizó en el Aula Magna “Juan Carlos Carrasco”. Contó con la participación de Andrea Tuana, directora de la organización El Paso, licenciada en Trabajo Social, activista y especialista en violencia de género; la doctora Carolina Camilo, abogada, defensora pública y especialista en violencia basada en género y violencia vicaria; Malena Delgado Gallo, psicóloga y especialista en violencia basada en género; y el profesor titular Michel Dibarboure, responsable de una línea de investigación sobre violencia en la infancia y la adolescencia, e investigador de las consecuencias de la violencia de género en las infancias.
La moderación del evento estuvo a cargo de la docente Rossana Perrone, quien señaló que la propuesta buscó abrir un espacio de reflexión multidisciplinario sobre una problemática “tremenda”, e introdujo la lectura del pronunciamiento del Consejo de Facultad tras el filicidio de los menores Alfonsina y Francisco, reafirmando el compromiso institucional con la erradicación de la violencia de género. Luego, el decano Enrico Irrazábal destacó la necesidad de que la Facultad mantuviera “sensibilidad para responder rápidamente” ante estos hechos y ser “caja de resonancia” de las discusiones sociales, promoviendo el intercambio y la construcción de conocimiento.
Cuando el daño se ejerce a través de los hijos
Andrea Tuana destacó la urgencia de abordar la violencia vicaria como una forma extrema de violencia basada en género que continuaba tras la separación de la pareja, donde el agresor utilizaba a hijos e hijas “para mortificar, controlar y amedrentar” a la mujer. Explicó que el concepto surgió de la práctica clínica de terapeutas que trabajaban con mujeres en procesos de salida de la violencia y subrayó la necesidad de distinguirla de otras formas, como la violencia económica. Señaló que esta modalidad encontraba sustento en una violencia institucional que funcionaba como “estrategia de restauración del poder patriarcal”. 

Tuana analizó cómo los avances en derechos de las mujeres y la infancia provocaban una reacción del sistema patriarcal, visible en movimientos que defendían la “tenencia compartida” y el falso síndrome de alienación parental (SAP). Relató que este constructo, creado en los años ochenta por Richard Gardner y sin aval científico, seguía infiltrándose en el sistema judicial uruguayo bajo nuevos nombres. Advirtió sobre prácticas judiciales que reproducían violencia institucional, incluyendo “arrancamientos” de niños, y llamó a formar profesionales “preparados y con enfoque de género y derechos” para prevenir y revertir estas situaciones.

Entre la justicia y la impunidad: desafíos del sistema judicial

Camilo explicó que, hasta hace pocos años, hablar de violencia vicaria en el ámbito judicial uruguayo resultaba “extraño” y desconocido. Señaló que el concepto, en desarrollo desde 2012, describe una forma de violencia de género donde el agresor “sustituye a su víctima” dañando a sus hijos u objetos de valor afectivo. Destacó que suele surgir tras separaciones o denuncias de violencia, cuando el agresor pierde el control directo sobre la mujer. Camilo advirtió que identificar solo los casos extremos —la “punta del iceberg”— llega demasiado tarde, y subrayó la necesidad de detectar señales previas y prevenir la violencia vicaria femicida. 

Analizó también el marco normativo uruguayo, que no menciona expresamente la violencia vicaria, aunque la Ley 19.580 y el Código de la Niñez permiten su abordaje. Asimismo, planteó que la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza significó “un retroceso en la protección”, al priorizar el vínculo con padres denunciados por violencia sobre el bienestar del menor. Denunció la creciente judicialización como forma de hostigamiento hacia mujeres y niños y reclamó mayor capacitación judicial. Concluyó que la normativa no era un obstáculo, pero sí lo eran “la falta de aplicación efectiva y de formación con perspectiva de género y derechos”. 

Nombrar a la violencia

Malena Delgado Gallo planteó la necesidad de delimitar con precisión el concepto, recordando que no todas las disputas entre progenitores constituyen este tipo de violencia. Retomando a Sonia Bacaro, explicó que la violencia vicaria forma parte del binomio “varón violento – mujer víctima” y se manifiesta como una violencia de género y, al mismo tiempo, una forma de maltrato infantil, con efectos profundos sobre el desarrollo psíquico de niños y niñas en etapas tempranas.
Describió las formas más frecuentes de esta violencia: amenazas a la madre, agresiones en presencia de hijas/os, incomunicación durante las visitas, judicialización reiterada y, en los casos extremos, el asesinato de las/os niñas/os. Subrayó la falta de registros oficiales sobre las manifestaciones previas al filicidio y denunció la naturalización de estas prácticas, la falta de detección por parte de los sistemas de salud y educación, y la ausencia de formación específica en los equipos intervinientes. Advirtió que un varón violento “no es un buen padre” y que desoír la palabra de niñas/os deja marcas psíquicas profundas y duraderas.
Rupturas en la filiación y en el lazo social
Michel Dibarboure comenzó su intervención recordando a Alfonsina y Francisco, “porque no son cifras ni casos anónimos, son vidas brutalmente truncadas”. Señaló que la violencia vicaria y femicida no pertenece al ámbito de lo íntimo, sino que interpela al orden social, político y simbólico. Describió estas violencias como fracturas en la filiación y en la ley del lazo humano, donde las y los niños dejan de ser reconocidos como sujetos de derechos y deseo. Subrayó que las infancias no son daños colaterales, sino víctimas directas de una violencia que destruye el sostén afectivo y vital que da sentido a la vida familiar y social. 

Dibarboure sostuvo que cada femicidio constituye también un crimen contra la infancia, una devastación que desestructura la identidad y la pertenencia de quienes quedan. Explicó que el daño que produce esta violencia es múltiple —material, simbólico, subjetivo e institucional— y afecta tanto a las víctimas directas como al entramado comunitario. Reivindicó la necesidad de respuestas colectivas y de una reparación integral que incluya no solo derechos formales, sino también el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de deseo. “Solo una comunidad que nombra, recuerda y cuida, puede abrir caminos de reparación y continuidad vital”, afirmó Dibarboure.