La salud mental no es un problema individual ni estrictamente clínico, sino un campo atravesado por los derechos humanos, la memoria, las condiciones de vida y las responsabilidades colectivas. Así lo afirmaron los ponentes de una mesa de diálogo que cuestionó el encierro, la medicalización y la naturalización del sufrimiento, e insistió en pensar la salud mental como posibilidad de una vida digna, vivible y en comunidad. Desde el trabajo, las juventudes, las memorias del terrorismo de Estado y la implementación de la Ley de Salud Mental, las intervenciones convergieron en una misma urgencia: transformar las prácticas, los saberes y las políticas que hoy producen exclusión y malestar.
La mesa de diálogo Salud Mental y Derechos Humanos se realizó el 27 de noviembre de 2025 en el salón de actos Élida Tuana de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en el marco del III Congreso Internacional de Psicología. Con la moderación de la docente María Estefanía Pagano, expusieron Mónica Giordano, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia; Juan Miguel Petit, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; Fernanda Aguirre Maya, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT; David Serrano Blanquer, del Grupo STREAM de la Universitat Ramon Llull (Barcelona); Silvia Dutrénit, del Instituto Mora–ECOSUR (México); y Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología (Udelar). La mesa abordó los cruces entre salud mental, derechos humanos y democracia desde perspectivas institucionales, sindicales, académicas y de investigación internacional.
La salud mental como responsabilidad colectiva
Juan Miguel Petit situó la salud mental en el centro de la agenda de derechos humanos y subrayó que su garantía constituye una responsabilidad colectiva, no solo estatal. Señaló el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos como mecanismo de observación, denuncia, diálogo y propuesta, capaz de articular con autoridades y sociedad civil. Destacó los desafíos de la implementación de la Ley de Salud Mental, en particular la desinstitucionalización, en un país con altos niveles de encierro en la infancia, el sistema penal, la salud mental y la vejez.
Asimismo, afirmó que las instituciones resultan soluciones “ortopédicas” que ayudan pero también debilitan, y defendió la construcción de alternativas comunitarias basadas en redes sociales, recursos no tradicionales y corresponsabilidad social.
Por su parte, Mónica Giordano afirmó que la salud mental constituye un problema de derechos humanos, justicia social y dignidad, y sostuvo que el Estado uruguayo enfrenta una emergencia en la materia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, destacó el compromiso gubernamental de priorizar su abordaje y transformar el modelo médico hegemónico hacia uno comunitario, intersectorial e interdisciplinario. Presentó datos que evidenciaron altos niveles de soledad y malestar psíquico, y advirtió sobre la escasez de información pública con enfoque de derechos. Asimismo, Giordano subrayó la necesidad de acelerar la desinstitucionalización, reducir la fragmentación del sistema, atender las desigualdades territoriales y construir políticas “con las personas y no para ellas”, fortaleciendo la participación social.
Salud mental y derechos laborales
En su intervención, Fernanda Aguirre Maya abordó la salud mental desde el mundo del trabajo y sostuvo que su deterioro resultó inseparable de la vulneración de derechos humanos básicos. Desde la central sindical, afirmó que los bajos salarios, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la atención psicológica y psiquiátrica afectaron de forma directa a cientos de miles de trabajadores. Denunció la naturalización del acoso y el maltrato laboral, muchas veces basados en identidades de género, orientación sexual, origen o corporalidad, y señaló su impacto directo en el sufrimiento psíquico. Subrayó además la revictimización judicial de personas sobrevivientes del terrorismo de Estado y reclamó políticas públicas que garanticen trabajo digno, atención continua y adecuaciones laborales para personas con padecimientos en salud mental.
David Serrano vinculó la salud mental juvenil con la precariedad socioeconómica, los discursos de odio y el debilitamiento de la memoria democrática, a partir de datos de España y Cataluña. Señaló altos niveles de ansiedad, depresión y malestar entre jóvenes, especialmente mujeres, asociados al desempleo, los salarios precarios, las dificultades de acceso a la vivienda y el aumento de la violencia digital, racista y de género. Advirtió sobre el impacto de las redes sociales como principal fuente de información y el avance de narrativas autoritarias entre varones jóvenes. Propuso fortalecer la alfabetización mediática, el bienestar digital, la memoria democrática y la participación juvenil, y sostuvo que cuidar la salud mental implica una obligación democrática ligada a la igualdad, la dignidad y la responsabilidad política frente al sufrimiento.
Memorias del terrorismo de Estado y salud mental
Por su parte, Silvia Dutrénit centró su intervención en los efectos subjetivos y sociales del terrorismo de Estado en segundas y terceras generaciones, especialmente en hijas e hijos del exilio, la cárcel y la clandestinidad. Sostuvo que esas infancias vivieron vulneraciones de derechos humanos invisibilizadas, atravesadas por silencios, ocultamientos y transmisiones no dichas que marcaron identidades, memorias y malestares persistentes. A partir del trabajo con testimonios, afirmó que “cuando se arrima el micrófono, empieza a hablar lo no dicho”, y subrayó la urgencia de reconocer estos padecimientos en las políticas de salud mental. Además, reclamó un reconocimiento estatal explícito, señalando que muchas víctimas aún esperan una palabra de responsabilidad y reparación por parte del Estado.
En el cierre, Enrico Irrazábal reflexionó sobre la Ley de Salud Mental como un cambio radical de paradigma basado en los derechos humanos, que cuestiona el modelo asilar, la medicalización y la desubjetivación histórica de las personas. Planteó que la salud mental no remite solo al sufrimiento individual, sino a la posibilidad de una “vida digna y vivible”, inseparable de la memoria, la diferencia y la comunidad. Criticó la falta de evaluación crítica en la implementación de la ley y llamó a asumir responsabilidades institucionales en la formación de profesionales. Sostuvo que sin dispositivos sustitutivos del encierro no habrá transformación real y que el nuevo paradigma solo emergerá cuando la realidad obligue a repensar prácticas, saberes y políticas.
