Organizaciones de familiares, usuarios y colectivos territoriales pusieron en el centro del debate la implementación real de la Ley de Salud Mental y reclamaron presupuesto, dispositivos comunitarios y participación efectiva en los espacios de decisión. Desde distintas experiencias, coincidieron en señalar la sobrecarga que recayó sobre las familias, la necesidad de fortalecer el trabajo en territorio y las tensiones en torno a tratamientos, desmanicomialización y cierre de colonias de internación. La mesa dejó en claro que sin recursos, coordinación y escucha social, la transformación del modelo seguirá siendo una promesa incumplida. 

La mesa de diálogo con organizaciones sociales se realizó el 29 de noviembre en el Aula Magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en el marco del III Congreso Internacional de Psicología (CIP). Participaron representantes de la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, la Asociación de Familiares Sur Palermo, la asociación Caminantes, la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca, Bibliobarrio y la Comisión por la Plena Implementación de la Ley N.º 19.529, con la moderación de Fabián Cabrera, integrante del comité organizador del Congreso.

Apoyo terapéutico y debate sobre tratamientos

Los miembros de la asociación de Familiares Sur Palermo presentaron su trabajo como colectivo de apoyo a usuarios del Centro Psicosocial y defendieron la creación de un curso básico de acompañantes terapéuticos, al que consideraron “una herramienta más” junto al fármaco y la psicoeducación. Sus representantes señalaron que muchas familias no pueden costear el apoyo a los pacientes, el cual es necesario para sostener crisis y promover autonomía. Asimismo, reclamaron que se contemple la micronarcosis o tratamiento electroconvulsivo sin equipararlo a “tortura” y afirmaron que “es un tratamiento más” que, indicado con responsabilidad, puede “salvar la vida”, incluso ante riesgo suicida, aunque reconocieron temores, culpas y resultados diversos.

Por su parte, integrantes de la Mesa Local de Salud Mental del Oeste describieron su trabajo intersectorial y territorial, con participación de ASSE, la Intendencia de Montevideo, la Universidad y organizaciones sociales, y evaluaron la implementación de la Ley 19.529 en tres etapas. Además, señalaron que entre 2020 y 2025 “se cortó el diálogo prácticamente con lo social” y reclamaron recursos para fortalecer la Comisión Intersectorial y la de Contralor. Los ponentes defendieron el territorio como espacio donde instituciones y comunidad “producen algo distinto” y plantearon tres ejes: el “buen vivir”, la ampliación de lo público y la asamblea. Finalmente, sostuvieron que la mesa permitió crear dispositivos concretos y abrir caminos para el cierre de las colonias monovalentes.

La integralidad como deuda pendiente

En su intervención, los representantes de la asociación Caminantes, integrante de una federación que nuclea colectivos de familiares y usuarios, reclamaron la ampliación de la mesa a otras discapacidades y adicciones. Señalaron como preocupación central la implementación de la Ley de Salud Mental, con “presupuesto menguado” y sin servicios comunitarios suficientes para un egreso sostenido. Además, exigieron convocar la Comisión Intersectorial y la Comisión Asesora para definir prioridades colectivamente y criticaron la falta de integralidad en la atención, al advertir que muchas veces el paciente “pasó a ser solamente una persona con patología de salud mental”. En el cierre, reclamaron el fortalecimiento de la rehabilitación en el interior del país y sostuvieron que, ante la falta de acompañamiento estatal, las familias debieron asumir responsabilidades que no les correspondían.

Desde Bibliobarrio, colectivo cultural y emprendimiento laboral con 15 años de trayectoria, defendieron la desmanicomialización y reivindicaron 2025 como horizonte político para un “Uruguay sin manicomios”, aunque reconocieron retrocesos en los plazos. Los participantes plantearon la imaginación como acto político y sostuvieron que la salud mental constituye una problemática social que exige prácticas colectivas. También reivindicaron el trabajo digno para usuarios y cuestionaron el imaginario que asocia locura con improductividad, al proponer, en cambio, alianzas con la economía social y solidaria. Desde una perspectiva antimanicomial y también como familiares, problematizaron el electroshock como núcleo de lo manicomial y compartieron una poesía que denunció sus marcas subjetivas y corporales.

Del desconcierto a la organización

Durante la intervención de los integrantes de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca se destacó el valor de las reuniones semanales para familiares, donde pudieron “hablar, llorar, patalear” y compartir experiencias ante situaciones que irrumpieron sin orientación clara. Sus miembros señalaron que el sistema ofreció primero psiquiatra y medicación, pero no siempre respuestas suficientes, y afirmaron que cuando una persona se afecta “se afecta toda la familia”. Asimismo, reclamaron incluir a las familias en la atención y en los ámbitos de decisión, fortalecer la escucha en la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental (CONAS) y evitar la mera institucionalización. En el cierre, pidieron más investigación científica y políticas preventivas desde la infancia, así como mayor acción por parte de las autoridades.

La mesa culminó con la intervención de representantes de la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, integrada por usuarias, trabajadores y colectivos sociales, quienes cuestionaron el incumplimiento de la ley y del Plan Nacional desde 2017 y reclamaron una evaluación política que reconozca lo ya trabajado por las organizaciones. Desde una perspectiva comunitaria y territorial, advirtieron sobre intervenciones centradas solo en el cuerpo, sin considerar contextos de violencia y exclusión. Asimismo, presentaron una plataforma que exige trato digno, coordinación interinstitucional, fortalecimiento del primer nivel de atención, creación de dispositivos alternativos, cronograma de cierre de monovalentes, participación social en el contralor y formación en salud mental con enfoque comunitario en todos los sectores.