La salud mental de niñas, niños y adolescentes no se resuelve con más diagnósticos ni con discursos bienintencionados, sino con derechos garantizados y con voces realmente escuchadas. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó una serie de intervenciones en las que se expusieron el peso del adultocentrismo, la soledad frente al sufrimiento psíquico y el riesgo de reducir la participación a un gesto simbólico. Adolescentes hablaron de suicidio, vergüenza, culpa y silencio, pero también de cómo la participación genuina salvó vidas. El debate insistió en que la salud mental no podía separarse de las condiciones de vida, del reconocimiento como sujetos políticos y de la posibilidad real de incidir en las decisiones que les afectan. 

La mesa de diálogo Salud mental y derechos de la niñez y adolescencia se realizó el 27 de noviembre en el Aula Magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en el marco del III Congreso Internacional de Psicología. La actividad fue coordinada por el exdecano de la Facultad de Psicología y expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Víctor Giorgi y moderada por la docente Alejandra Akar. Participaron adolescentes organizadas del Consejo Asesor y Consultivo del INAU de Salto, Soriano y Cerro Largo; el especialista en Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Argentina, Javier Quesada; la coordinadora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA) en Uruguay, Dulce Castillo; y la directora general del IIN-OEA en Paraguay, María Julia Garcete Yegros. 

Del acceso a la atención al derecho a “vivir en salud”

Giorgi inauguró la mesa planteando que la salud mental pasó de ser un área relegada a ocupar un lugar central en las agendas públicas y de derechos, especialmente en infancia y adolescencia. Señaló que este giro abrió una oportunidad para pensarla desde concepciones integrales, pero también el riesgo de reproducir los mismos modelos sin cuestionarlos. 

El exdecano afirmó que el derecho no se reduce al acceso a la atención, sino a “vivir en salud”, en contextos que favorecieran el desarrollo psíquico, afectivo y social. Asimismo, sostuvo que la salud mental depende de la realización de derechos y no al revés, y criticó la idea de que la salud pudiera resolver problemas sociales estructurales. Subrayó la necesidad de combatir el adultocentrismo y de reconocer a niñas, niños y adolescentes como “expertos en vivir” sus propias experiencias, incorporando activamente sus saberes en las políticas y prácticas.

“Hablar y escuchar salvan vidas”: la voz adolescente

Posteriormente tomaron la palabra las adolescentes, quienes afirmaron que la falta de escucha, el adultocentrismo y la desigualdad territorial profundizan el sufrimiento psíquico en sus comunidades, especialmente en el interior del país. Señalaron que la participación genuina fortaleció su autoestima, su capacidad de expresar emociones y su compromiso colectivo, y la definieron como una herramienta de prevención en salud mental: “hablar y escuchar salvan vidas”. 

Las jóvenes denunciaron la minimización de sus problemas, la ausencia de espacios de apoyo y la escasez de profesionales en instituciones educativas y comunitarias. Vincularon el aumento del suicidio adolescente con el silencio, la desinformación y la sobrecarga de responsabilidades adultas. También reclamaron redes de apoyo, psicólogos accesibles, tiempos de atención adecuados y políticas construidas con adolescentes y no para adolescentes, e insistieron en que “no podemos esperar que adolescentes rotos reparen a otros adolescentes rotos”. 

El padecimiento es hoy: límites de los sistemas de salud tradicionales

A continuación, Quesada presentó la experiencia de los centros de escucha impulsados por UNICEF en distintos territorios de Argentina como dispositivos comunitarios de salud mental con fuerte protagonismo adolescente. Explicó que estos espacios priorizan la escucha inmediata, la prevención y la promoción del bienestar frente a sistemas de salud saturados y con tiempos de respuesta tardíos. 

El especialista señaló que uno de cada siete adolescentes atraviesa situaciones de padecimiento de salud mental y que el suicidio constituye una de las principales causas de muerte en la región, en un contexto de presupuestos estatales mínimos destinados al área. Defendió encuadres flexibles, construidos por los propios jóvenes, y sostuvo que “el padecimiento es hoy, no dentro de tres meses”. A su vez, destacó el trabajo entre pares, la presencia territorial y la renuncia a hegemonías disciplinarias como claves para una respuesta eficaz. 

Participación, diálogo intergeneracional y políticas públicas

En su intervención, Castillo sostuvo que la participación de niñas, niños y adolescentes constituye un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el derecho a ser escuchados y a que sus opiniones fueran consideradas en la toma de decisiones. Al tiempo que definió la participación como un proceso continuo de diálogo intergeneracional y como un principio transversal a todas las políticas públicas. 

La ponente explicó el trabajo del IIN-OEA en el fortalecimiento de consejos consultivos y redes participativas, donde adolescentes expresan preocupaciones vinculadas a la ansiedad, la depresión, la estigmatización y las presiones escolares, familiares y sociales. En el cierre de su intervención subrayó que los adolescentes reclaman políticas públicas junto con redes de apoyo cercanas y espacios seguros, y afirmó que la salud mental se vive como un derecho que exige respuestas estructurales y cotidianas de forma simultánea. 

Romper el adultocentrismo desde las instituciones

Finalmente, Garcete afirmó que las voces de niñas, niños y adolescentes impulsaron al Instituto Interamericano del Niño a colocar la salud mental como una prioridad regional y subrayó que, sin escucharlas, “todo lo demás no tendría sentido”. Advirtió sobre el riesgo de una participación meramente formal y defendió procesos genuinos que cuestionen el adultocentrismo y construyan autonomía. Explicó que ese cambio requirió voluntad política, marcos programáticos y metodologías que incorporaran las opiniones adolescentes en la toma de decisiones. Detalló avances concretos en la OEA, como la participación de adolescentes en consejos directivos, congresos y, por primera vez, en la Asamblea General, y sostuvo que “hay que ir siempre un poquito más allá de lo posible” para garantizar derechos.