La noción de víctima que hoy se usa en las leyes nació de la necesidad del Estado y las aseguradoras de controlar el pago de indemnizaciones a soldados que volvían de las guerras mundiales. Su punto de partida no era "ayudar a quien sufrió", sino detectar al que "miente" o "simula" para obtener un beneficio. Sobre esa base, la ley se construye bajo una lógica de desconfianza, planteó Enrico Irrazábal en una actividad que reunió académicos de disciplinas del campo social y de la salud con víctimas del terrorismo de Estado uruguayo.

Desde este enfoque, para ser reconocido como víctima se está obligado a probar un daño a través de un síntoma clínico. El problema, según expresó el decano de Facultad de Psicología, es que esta definición deja por fuera formas de afectación que no siempre pueden demostrarse mediante diagnósticos clínicos, pero que forman parte de las consecuencias del terrorismo de Estado.

Allí es donde se encuentra, según Irrazábal, toda una generación que creció marcada por ese contexto. La Ley N.º 18.596 de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado  “deja fuera a sobrinos, hermanos o vecinos que vivieron los mismos horrores”, ya que solo reconoce a los hijos directos por filiación de sangre.

Y agrega que aun persisten efectos de esa experiencia traumática. No es que una generación le pasa un trauma a otra como si fuera un objeto, el daño se mantiene porque hay condiciones sociales que lo hacen seguir operando a través de las siguientes generaciones, por medio de vínculos, memorias, silencios, instituciones y formas de vida.

Además, el terrorismo de Estado apuntó a destruir el lazo social. La familia fue utilizada como objeto de la represión para atemorizar a toda la población y disuadir la disidencia. Utilizar a los niños para torturar psicológicamente a sus padres fue una pieza deliberada y sistemática del engranaje represivo, afirmó la doctora en antropología Natalia Montealegre.

No fueron simples espectadores del sufrimiento

La violencia ejercida sobre las infancias no fue indirecta ni colateral. Las exposiciones del colectivo Memoria en Libertad retomaron situaciones como allanamientos, clandestinidad, vigilancia y exilio, señalando que esas experiencias produjeron efectos subjetivos persistentes sobre niños, niñas y adolescentes. Montealegre recordó que cerca del 45% de las visitas a personas recluidas en establecimientos militares fueron realizadas por niños y niñas, y los relatos hablan de humillaciones y situaciones de violencia institucional.

Más de 80 niños compartieron cautiverio con sus madres, según el libro La fila de los inocentes de Gabriel Otero, dato que recoge la psicóloga Mariana Rizo, coordinadora de Sitios de Memoria, y señala que la infancia es un tiempo de constitución subjetiva, de construcción de confianza y de formación de la identidad. Cuando el terror irrumpe en ese momento, no solo se vulneran derechos en el presente sino que se condiciona el proyecto de vida y el desarrollo emocional de manera duradera. “El daño no es un reflejo del dolor ajeno, sino un daño propio.”

Los límites de la reparación actual

La Convención sobre Derechos del Niño, la Corte Interamericana y la ONU ya reconocen a estas infancias como víctimas directas. En Uruguay, en cambio, el Estado no las reconoce enteramente como víctimas, la reparación que ofrece es parcial, y ni siquiera se cumple con esa reparación parcial, planteó el doctor Juan Ceretta, integrante de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho.
La legislación uruguaya, señala, "decidió indemnizar una especie de lucro cesante", lo que la persona dejó de ganar, pero omitió el daño moral. "Un Estado que reconoce verdaderamente el terrorismo de Estado debe ir hacia una reparación integral y una reparación integral no puede dejar afuera el daño moral." El monto es discutible, reconoce Ceretta, pero "no indemnizar el daño moral simbólicamente significa decir no sufriste. Y eso es inadmisible."