Planteo. Diputado Amarilla sugirió que el trabajo sea permanente

Presentará su informe el próximo mes ante Diputados.

El jueves pasado comenzó a sesionar la Comisión Especial sobre Adicciones de Diputados. A contrarreloj, deberán elaborar un informe final sobre el impacto y las consecuencias que la droga ha dejado en nuestra sociedad, que será presentado ante la Cámara de Representantes antes del 26 de mayo, y en esa instancia se decidirá cómo se continuará actuando a nivel del Legislativo.

En ese marco el diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional (PN), propuso la permanencia de la comisión como grupo de trabajo. Amarilla planteó que habría que considerarlo porque en los últimos meses "se han presentado una serie de proyectos sobre el tema, que, seguramente, habrán sido derivados a algunas comisiones, aunque no a ésta", aclaró.

Para el diputado, la permanencia de la comisión sería importante a la hora de "poder incidir, de alguna manera, en lo que será el tratamiento de esos proyectos de ley". Esos proyectos son los que el PN y el Frente Amplio (FA) ya se presentaron para legalizar el autocultivo de marihuana.

La propuesta de Amarilla será discutida en la interna de cada bancada y, de existir una moción única, la comisión podría solicitar incluirla en el informe final.

Visiones

En tanto, desde el FA los diputados Jorge Orrico y Sebastián Sabini propusieron, para finalizar con la ronda de entrevistas, invitar a la comisión a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y al sociólogo Rafael Bayce y el filósofo Sandino Núñez para dar "tres visiones académicas y distintas de modalidades de terapias". Esas serían las tres últimas invitaciones que la comisión cursaría antes de comenzar a elaborar el informe.

La comisión comenzó a trabajar hace un año exactamente y han recibido alrededor de 25 organizaciones e instituciones tanto estatales como privadas, así como organizaciones sociales y grupos de madres y padres afectados por la problemática de las drogas.

La primera institución que recibió la comisión fue a la Junta Nacional de Drogas (JND), que concurrió a pleno en julio de 2010. En la oportunidad su secretario, Milton Romani, habló de que "en el Uruguay y en muchos países del Cono Sur el problema de las drogas está vinculado a una emergencia social, tanto en determinados patrones de consumo como en el narcotráfico de pequeño y gran porte". Ante los diputados se refirió al conocido eslógan "Problema de drogas, compromiso de todos", e indicó que lejos de parecer "marketinero", "implica traer para este lado del mostrador la mayor cantidad de actores posibles" con algunos principios: "Evidencias científicas, buenas prácticas y respeto de derechos y garantías". Para Romani , si "bajo el principio de la alarma social" se empieza "a ceder en materia de derechos y garantías", las consecuencias serán "situaciones complicadas".

Estado omiso

"¿Qué teníamos antes de 2005?", cuestionó Romani. "Una ausencia de políticas públicas", definió. En su opinión existía en Uruguay "una grave omisión del Estado en varios planos" que se conjugaba con "una falta total de política antilavado".

"También había ausencia de un debate ciudadano serio en algo que nos toca a todos; desde nuestro punto de vista, había una omisión en el sistema político", afirmó Romani al realizar una evaluación de la problemática en nuestra sociedad desde que apareció en escena la pasta base, en los años 2001-2002, e invitar a todos los legisladores a que revisaran los programas de Gobierno que se discutieron en la campaña electoral de 2004. "Nos daremos cuenta de que no había ninguna propuesta en ningún sentido", afirmó.

"Pero no sólo era el sistema político; no había ningún reclamo ni ninguna propuesta del movimiento social organizado ni de las cámaras empresariales. Este fenómeno social complejo siempre se mueve entre la alarma y la negación, y el tercer aspecto es que se deposita masivamente la culpa en el otro: la culpa la tuvo el otro, hay que perseguir al adicto, yo no tengo nada que ver", reflexionó Romani ante la comisión.